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Gestión pública para parques y santuarios naturales

Hace dos años, cuando el gobierno de Nueva Zelanda concedió personalidad jurídica a uno de sus 13 parques nacionales, Te Urewera, un exuberante, paisaje boscoso lleno de senderos y cascadas al norte de la isla-unas 821 millas cuadradas fue repentinamente protegido no como tierra, sino como una ciudadano.

La ley se llama la Ley Te Urewera, y su propósito era la siguiente: “establecer y preservar a perpetuidad una identidad legal y protegida por el estado de Te Urewera por su valor intrínseco, sus valores naturales y culturales distintivos, la integridad de esos valores, y por su importancia nacional.” De repente, el consejo de administración de la tierra tenía una poderosa herramienta para la defensa de las protecciones naturales en los tribunales, incluyendo la posibilidad de presentar demandas en nombre de la propia tierra. En un caso similar que está en curso, el Parlamento de Nueva Zelanda presentó un proyecto de ley para otorgar personalidad jurídica al tercer río más largo de la nación, el Whanganui; se espera que pase a finales de este año. Las tribus maoríes locales habían sostenido durante mucho tiempo que poseían Te Urewera y el Whanganui, pero no habían avanzado hasta que la idea surgió de ceder la propiedad a la tierra misma.

“Desde nuestro punto de vista como los maoríes, creemos que hemos venido de la tierra y que la tierra tiene su propia personalidad, su propio latido del corazón, su propia salud, su propia alma”, dice Jacinta Ruru, profesor de derecho en la Universidad de Otago, que se especializa en los derechos indígenas. “El gobierno no estaba dispuesto a dar la propiedad del Parque Nacional de nuevo a esa tribu, por lo que este concepto de personalidad jurídica resonó y es un término en el que ambas partes el gobierno y las tribus maoríes pueden crear una solución en torno a que se trata de un ancestro que se posee en sí mismo”.

Imbuir a los paisajes de las libertades públicas es una idea que ha ganado terreno en todo el mundo. Está alimentado por un principio llamado “derechos de la naturaleza”, que sostiene que las montañas, los ríos y los ecosistemas deben tener derechos, al igual que los seres humanos. La idea fue abordada por la Universidad de California del Sur, por el profesor de derecho Christopher Stone en un documento de 1972. Allí se hizo una explicación definitiva del concepto, y su legado perdura hoy en día.

Legislación similar a la de Nueva Zelanda también se encuentra en discusión Ecuador y Bolivia. Un grupo en la India está tratando de proteger el río Ganges con una ley similar a la Ley de Urewera Te. Ahora, si un puñado de defensores de los derechos de la naturaleza en los EE.UU. sigue su camino, vamos a empezar a ver más tierras públicas obtener derechos legales propios.

En Ecuador se construyeron nuevas normas de convivencia basadas en la cosmovisión ancestral del Sumak Kawsay, pero según algunos expertos, todavía falta la incorporación de la sociedad en general al debate sobre los modelos económicos propuestos, principalmente exportadores de materias primas, y con una gran participación para la minería. Aunque se acaba de decretar un santuario para los tiburones de Islas Galápagos, con apoyo económico incluido para las cooperativas pesqueras, es importante incorporar activamente las regiones que deben ser protegidas y para las cuales existe un interés económico, como los bosques de Yasuni.

El próximo año, una delegación multinacional de 20 activistas de la tierra y el agua, abogados ambientales, y las poblaciones indígenas de América del Norte y del Sur están planificando una misión de investigación a Nueva Zelanda para obtener más información sobre cómo la Ley Te Urewera llegó a ser y cómo su principio legal podría aplicarse en casa. Más de 100 comunidades en los EE.UU. ya han promulgado algún tipo de legislación sobre los derechos de la naturaleza a nivel local. En abril de 2013, como parte de un proceso de 10 años para convertirse en una “ciudad sostenible”, el ayuntamiento de la ciudad en Santa Mónica, California, aprobó una ordenanza que dio poder a la ciudad y los residentes para presentar una demanda en nombre de los ecosistemas locales.

La idea de promover este tipo de leyes para la gestión pública de parques y santuarios, es promover la participación ciudadana en la conservación y administración de estos espacios. Esto se hace con el fin de tomar en cuenta los diferentes intereses tanto de los pobladores de la región, como del país en general. Los intereses económicos en las regiones deben ser tomados en cuenta para afectar positivamente el empleo local, lo que promueve el interés de los pobladores en mantener las reservas naturales de la zona. Un modelo económico integrado al medio ambiente se hace indispensable, que vaya más allá del modelo extractivo y que incorpore a las distintas organizaciones y sociedad civil en la gestión de los recursos naturales.

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